Cien actores con distintas visiones sobre la gestión ambiental en América Latina aportaron con sus ideas en un proceso de consulta cuyo objetivo fue recopilar lo ocurrido entre Santa Marta 1997 y Bariloche 2007, en el marco del Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas. El resultado fue una publicación que recoge la evolución reciente, estado actual y perspectivas de las áreas protegidas.

Se suele decir que América Latina refleja unidad y diversidad al mismo tiempo. Esa realidad única y compleja quedó precisamente plasmada en dicha publicación, de la cual extraemos las siguientes reflexiones: 

“Es evidente que existen elementos de contexto comunes a todos los países de esta región. Por eso no sorprendió encontrar percepciones coincidentes. Tampoco sorprendió encontrar diversidad, e incluso visiones contrarias.
 
Si se habla de corrientes de pensamiento en el tema de las áreas protegidas, América
Latina demuestra una vitalidad y madurez notables. Actualmente conviven e incluso,
compiten dos corrientes, una más “conservacionista” y la otra que podría llamarse “corriente de la función social”.
 
A partir del análisis de los aportes a esta consulta, se puede inferir, que los conservacionistas defienden la necesidad de atender con prioridad y no descuidar las categorías I a IV de la UICN (orientadas a la protección de la biodiversidad mediante modelos de uso indirecto), en tanto que las categorías V y VI (orientadas a aportar a la conservación mediante el uso y aprovechamiento directo de recursos naturales) se ajustan mejor al pensamiento de quienes consideran que las áreas protegidas tienen ante todo una función social.
 
Contrariamente  a lo que sus críticos piensan, los conservacionistas no defienden una posición desactualizada y desconectada de la realidad social de los países. Lo que en realidad buscan es que no se desvirtúen o se pierdan de vista los objetivos para los cuales fueron creadas las áreas protegidas. Aceptan la función social de las mismas, pero no en detrimento de la preservación del patrimonio natural que salvaguardan. Más aún, les preocupa que si se degrada su capacidad de proveer servicios ecosistémicos, no habrá futuro para las poblaciones humanas que dependen de ellas.
 
De otro lado, quienes enfatizan la función social de las áreas protegidas, tampoco están
exentos de estigmatizaciones y críticas. Se les critica que abogan por un bienestar social no sostenible, al concentrarse tan solo en el valor de la biodiversidad como fuente local e inmediata de medios de subsistencia, sin medir los impactos que las actividades productivas puedan generar al medio natural y por ende, a la sociedad en su conjunto. Lo cierto es que, con todo y sus tendencias, la “corriente de la función social” sí suele reconocer los valores de la biodiversidad que interesan a los conservacionistas, por supuesto supeditados al alivio a la pobreza y el bienestar de las comunidades locales.