 Río Jaú - Pedral. World Heritage Sites. Agradeço aos colegas da FVA Marcos, Iranildo, Alessandro e Tadeu pela colaboração.
Esse texto conta a história de pessoas que moram em uma unidade de conservação de proteção integral, o Parque Nacional do Jaú (PNJ), que foi criado em 1980 pelo decreto no. 85.200 e que em 2001 foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Atualmente, O PNJ é o segundo maior Parque Nacional do Brasil e o terceiro da América Latina. É considerado um dos maiores Parques Nacionais do mundo em florestas tropicais contínuas, possui cerca de 2.272.000 ha e está situado na bacia do rio Negro, afluente do rio Amazonas, no Estado do Amazonas, Brasil. A área da unidade de conservação abrange parte dos municípios de Barcelos e Novo Airão. O PNJ é entrecortado por vários rios e igarapés, sendo principais os rios Unini (ao norte), o Jaú (no centro) e o Carabinani (ao sul). A criação desta unidade de conservação não levou em conta o fato da área possuir moradores; pessoas que, pelas suas práticas e conhecimentos tradicionais, são consideradas depositários de parte considerável do saber sobre a diversidade biológica e cultural. A desconsideração desse fator trouxe sérios problemas locais, pois não havendo recursos financeiros para reassentar as família, as atividades praticadas por elas se contrapunham aos interesses preservacionistas. Fator que gerou grandes conflitos entre a população local e o órgão gestor da unidade, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
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 Amazonía Perú. .iiap.org.pe. "La participación requiere que se escuche a los interesados locales, no porque sea la moda en el desarrollo de la teoría, sino porque ellos saben lo que necesitan"
El tema de la participación en la conservación y manejo de la diversidad biológica ha merecido diversos foros de discusión. En ellos han participado representantes de gobierno, líderes indígenas, técnicos de ONG, académicos, estudiantes. Sin embargo, la relación entre los actores locales y los agentes externos a su comunidad es muy compleja y normalmente presenta ciertas dificultades. Algunos técnicos consideran que la participación de una comunidad se refleja en la asistencia a los talleres planificados por sus proyectos. La pregunta es: ¿cómo llegar a una participación efectiva por parte de los actores locales?. En este tercer número de SIMPOSIUM nuestra invitada es Guiselle Rodríguez, miembro del Equipo Social de la UICN en Mesoamérica. Guiselle reflexiona sobre el involucramiento de la gente en los proyectos de conservación y desarrollo en la región y enfoca el tema de la participación con equidad: hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Guiselle nos pregunta: ¿cómo mudar de la participación pasiva a la acción y/o a la toma de decisiones por parte de las comunidades locales?.
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 Chile Sustentable. María Sara Larraín Ruíz Tagle nació hace 52 años. Desde joven mostró interés por las problemáticas ambientales, desarrollo sustentable y participación ciudadana. “Siempre me ha generado un profundo interés el desarrollo sustentable y la aplicación de criterios que nos permitan vivir en un medio ambiente del cual nos sintamos orgullosos”, sentencia la ecologista quien se define como una activista verde “de tomo y lomo”.
Existe consenso entre quienes conocen a Sara en afirmar que ella ayudó a reivindicar los derechos sociales en Chile y se involucró en la causa ecológica, comprendiendo que había que llenar un vacío histórico sobre esa materia en Chile. Su permanente necesidad de potenciar un Chile mejor la llevó a fines de la década del ´80 a contribuir a la articulación de la Red Nacional de Acción Ecológica-RENACE, compuesta por más de un centenar de grupos de la sociedad civil a lo largo de todo Chile.
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 Probona. El Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Folclore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tuvo su 5ta. sesión en Ginebra del 7 al 15 de Julio de 2003.
El comité fue creado en 2001 por la Asamblea General de la OMPI para discutir asuntos relativos a la propiedad intelectual que surgen en el contexto del acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios, protección de conocimientos tradicionales y protección de las expresiones de folclore. Esta reunión era clave para continuar con las operaciones del Comité puesto que el mandato inicial del mismo finalizó. Los Estados miembro tenían que decidir sobre la continuidad o los cambios al mandato original del Comité así como delinear un marco institucional apropiado para cumplir con este mandato.
Al final de la reunión, las posiciones divergentes de Asia, Africa, América Latina y los países desarrollados no permitieron delinear una estrategia para el futuro ni decidir sobre el mandato del Comité. Existió un consenso sobre la importancia de la continuidad del trabajo del Comité para los próximos dos años, pero la tensión surgió por el contenido y alcance de las actividades propuestas. Las posiciones variaron desde el apoyo a la continuidad del trabajo técnico y la finalización de documentos que el Comité había empezado, hasta la solicitud de un proceso de negociación para un instrumento legal vinculante. Una posición intermedia se planteó: establecer un proceso de generación de normas con la posibilidad de elaborar posteriormente un instrumento legal vinculante en una segunda fase.
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El propósito de este artículo es compartir la experiencia vivida por el equipo liderado por el propio autor como titular de la Coordinación General de Ecología y Gestión Ambiental (CGEGA) del Estado de San Luis Potosí, México. El lapso (1993-1997) incluye los últimos años del sexenio 88-94 y los primeros del sexenio 94-2000, dos sexenios en los que el centralismo seguía en pleno apogeo a pesar de los propósitos declarados de descentralización de los respectivos presidentes de la nación.
LOS INICIOS DEL PROCESO San Luis Potosí fue en 1994 de los primeros estados, después de Jalisco y Tamaulipas, en firmar un convenio de “Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en el Estado” con el Instituto Nacional de Ecología (INE) con fondos federales financiados por el Banco Mundial y destinados ex profeso para ello. La experiencia de aplicar el convenio por un lado fue excelente por los logros del equipo y el despegue de ciertas iniciativas (inclusive sirvió como detonante para conseguir fondos del propio Gobierno del Estado). Uno de los compromisos asumidos y cumplidos por el Estado de San Luis Potosí fue la organización del Diplomado en Gestión Ambiental y Ecología que contó con 160 asistentes a un total de 57 sesiones de cuatro horas durante 19 semanas y con 17 instructores que produjeron 6 antologías y 2 manuales. |
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