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Página 1 de 5  Anciano huaorani. E. Pichilingue. Cuando una sociedad, con el fin de alcanzar objetivos de conservación, decide que una parte del territorio no debe ser usada, o que puede serlo con severas limitaciones, es inevitable que se produzcan tensiones. Durante años estas contradicciones se interpretaban como parte de la tensión más general entre las sociedades humanas y la naturaleza: a la acción humana que la transformaba era preciso contraponerle políticas y acciones de conservación. Independientemente de las posturas que subyacen a la consideración de la relación sociedad-naturaleza, podemos suponer que los conflictos en las áreas protegidas sean acaso mayores entre grupos humanos, que entre éstos y la naturaleza. Porque detrás de la declaración e implementación de un área protegida siempre hay grupos humanos interesados.
El postulado preservacionista –parques sin gente- fue justificado por la ciencia occidental, para la cual los equilibrios ecológicos se veían irreparablemente afectados por la humanidad. A principios del siglo XX en Latinoamérica algunos sectores de la sociedad fundados en la legitimidad del conocimiento científico iniciaron la aplicación de este paradigma de conservación. A ellos, pioneros de la conservación en nuestra región, debemos una buena parte del legado natural que ahora nos corresponde mantener. Pero la aplicación de esta concepción de la conservación también nos ha dejado una herencia de conflictos sociales no resueltos; en parte originados en el simple desconocimiento que los territorios seleccionados estaban previamente habitados. Porque aun los ecosistemas mas “prístinos” tienen un significado cultural, o hacen parte de la territorialidad de grupos humanos. Además en no pocos casos la aplicación de las políticas de conservación has sido parcial; llegando solo a lo jurídico, mientras buena parte de los asuntos sociales han quedado sin resolver.
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